El último informe anual de Amnistía Internacional presentado esta semana alerta de un deterioro generalizado de los derechos humanos a escala global, marcado por el auge del autoritarismo, la (…)
Estas son las noticias más destacadas de la semana: El ataque global contra las ONG alcanza un punto crítico con nuevas leyes que reprimen su esencial labor en favor de los derechos humanos. Además, en Venezuela las autoridades deben detener los ataques armados contra la población. Por otro lado, la indiferencia mundial aumenta la impunidad hacia las violaciones de derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África. Y terminaremos en España, donde más de 300 organizaciones y colectivos de la sociedad civil reclaman al Gobierno un reglamento que garantice una sanidad plenamente universal.
Sommaire
- El ataque global contra las ONG alcanza un punto crítico con nuevas leyes que reprimen su (…), p2
- Las autoridades venezolanas deben detener los ataques armados contra la población, p3
- La indiferencia mundial aumenta la impunidad hacia las violaciones de derechos humanos (…), p4
- Más de 300 organizaciones y colectivos de la sociedad civil reclaman al Gobierno de España un (…), p5
El ataque global contra las ONG alcanza un punto crítico con nuevas leyes que reprimen su esencial labor en favor de los derechos humanos
Amnistía Internacional, informativo semanal a 1 de marzo de 2019 - El ataque global contra las ONG alcanza un punto crítico con nuevas leyes que reprimen su esencial labor en favor de los derechos humanos
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
Un informe de Amnistía Internacional revela el sorprendente número de países que están utilizando tácticas intimidatorias y normas represivas para evitar que las ONG desempeñen su esencial labor. En él se citan 50 países del mundo donde se han aplicado o están en trámite leyes contra las ONG.
Sólo en los dos últimos años, en el mundo se han adoptado o están en trámite casi 40 instrumentos legales que interfieren con el derecho de asociación y han sido concebidos para obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, por lo general aplicando absurdos procesos para la inscripción de estas organizaciones en el registro, vigilando su trabajo, restringiendo sus fuentes de recursos y, en muchos casos, cerrándolas si no cumplen con los irrazonables requisitos que se les imponen.
