El último informe anual de Amnistía Internacional presentado esta semana alerta de un deterioro generalizado de los derechos humanos a escala global, marcado por el auge del autoritarismo, la (…)
Esta semana debemos empezar hablando de nuevo de Sakineh Ashtiani , quien ahora ha sido condenada a la horca por supuesto asesinato. Continuaremos con nuestro país, ya que España ha sido el primer estado europeo en ratificar el tratado de las Naciones Unidas que pone en marcha un mecanismo de acceso a la justicia para los derechos, económicos, sociales y culturales. También iremos a Sudán, donde la censura de prensa amenaza el referéndum por la unidad del país que se celebrará el próximo mes de enero. Por último, viajaremos hasto los campamentos de refugiados saharauis, donde las autoridades del Frente Polisario deben respetar la libertad de expresión.
Amnistía Internacional pide que Sakineh Mohammadi Ashtiani no sea ejecutada por ningún medio
Las autoridades iraníes han tomado una nueva decisión esta semana con respecto a la condena a muerte dictada contra Sakineh Ashtiani, quien está acusada de asesinato y adulterio. El pasado 27 de septiembre, el Fiscal General de Irán afirmó que Sakineh Ashtiani será ejecutada en la horca, en lugar de ser lapidada, como se la condenó en un primer momento. Según las autoridades de ese país, "ha sido encontrada culpable de asesinato”. Amnistía Internacional teme que las autoridades iraníes estén tratando de desviar las críticas que están recibiendo, y por ello presentan a Sakineh como una criminal peligrosa que merece ser ejecutada. Pese a ello, Sikeneh no debe ser ejecutada bajo ningún medio.
España primer país de Europa en ratificar un nuevo tratado de acceso a la justicia para los derechos sociales. Ahora toca aplicarlo
Seguimos esta semana desde nuestro país. España se ha convertido en el primer estado europeo, y el tercero en el mundo, en tomar parte un nuevo mecanismo de la ONU que permitirá acudir a esta organización en busca de justicia en caso de vulneraciones por el derecho a una vivienda, alimentación, agua, salud, educación y otros derechos económicos, sociales y culturales.
El Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales permitirá a las personas a las que se les niegan sus derechos y el acceso a la justicia en su propio país, que sus quejas sean escuchadas por un grupo de expertos independiente e internacional. Las decisiones que tome este nuevo mecanismo, serán públicas y probablemente influirán en las sentencias de tribunales nacionales y regionales de todo el mundo.
Amnistía Internacional acoge con satisfacción este paso dado por el Gobierno español, ya que a través de esta herramienta, la población española, especialmente los que viven en la pobreza, podrá pedir a su gobierno cuentas en relación con sus derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, al gobierno le toca llevar más allá su compromiso, garantizando que los tribunales hagan cumplir estos derechos.
Las declaraciones del gobierno de España ante la ONU muestran un compromiso con la realización de los derechos económicos y sociales. Sin embargo, sus acciones no siempre han sido coherentes con esas buenas intenciones, como muestran los recientes recortes del presupuesto de cooperación al desarrollo.
Es preciso acabar en Sudán con la represión de la libertad de expresión antes del referéndum
Nos vamos ahora hasta Sudán. El Acuerdo de Paz que puso fin a la guerra entre el norte y el sur en el año 2005, marcó también el fin de la censura de prensa en el país. Ésta censura, sin embargo, ha sido reestablecida desde entonces en varias ocasiones. La última, con motivo de las elecciones presidenciales de abril del 2010, donde la prensa ha sido objeto de represión tanto en el norte como en el sur del país.
Los Servicios de Inteligencia y Seguridad Nacional visitaron a diario en el norte del país imprentas de periódicos para retirar artículos de contenido delicado. Cinco periodistas fueron detenidos entonces, dos de ellos, según informes, fueron torturados y tres han sido condenados con penas de prisión. También se cerró un gran número de periódicos. Aunque esta censura previa se retiró el 7 de agosto, sigue vigente un “código de honor periodístico” que en la práctica obliga a los periódicos a autocensurarse por miedo a sufrir represalias. El gobierno también ha bloqueado sitios web y el servicio radiofónico en árabe de la BBC en cuatro ciudades incluida la capital, Jartum. En el sur de Sudán, los periodistas han sido igualmente acosados por escribir artículos de crítica al gobierno, organizar debates sobre las elecciones o entrevistar a candidatos independientes. Algunos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad del sur de Sudán y posteriormente quedaron en libertad sin cargos.
El próximo 9 de enero de 2011 se llevará a cabo un importante referéndum en el sur del país que decidirá la unidad Sudán. Amnistía exige a los gobiernos del norte y del Sur que garanticen la libertad de expresión durante éste proceso y que permitan a los periodistas expresar sus opiniones y participar en debates sobre el futuro de su nación, poniendo fin al hostigamiento y a la intimidación.
El Frente Polisario no debe tomar represalias en Tinduf contra partidarios del plan de autonomía
Volvemos de nuevo a África, en este caso a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, donde el Frente Polisario habría detenido, según el Servicio de Prensa Saharaui, a Mostafa Salma Sidi Mouloud, por ejercer su derecho a la libertad de expresión. El pasado 9 de agosto, Sidi Mouloud, agente de policía del Frente Polisario, anunció en una conferencia de prensa en el Sáhara ocupado, su apoyo a la autonomía del territorio bajo gobierno marroquí e hizo pública su intención de promover el plan de autonomía marroquí entre los refugiados saharauis de los campos de Tinduf.
Amnistía Internacional ha pedido al Frente Polisario que revele la situación legal y el paradero de Mostafa Salma Sidi Mouloud y que lo ponga en libertad si no está acusado de ningún delito reconocible. Amnistía Internacional le considerará preso de conciencia si realmente se halla recluido sólo por sus opiniones sobre la autonomía del Sáhara Occidental.
