
El último informe anual de Amnistía Internacional presentado esta semana alerta de un deterioro generalizado de los derechos humanos a escala global, marcado por el auge del autoritarismo, la (…)
Esta semana dedicamos nuestro espacio al décimo aniversario de la detención de Augusto Pinochet por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Chile. También hablaremos de pena de muerte en Arabia Saudí y nos despediremos con buenas noticias en Libia, donde un preso de conciencia ha sido puesto en libertad
X Aniversario de la detención de Pinochet
El 16 de octubre de 1998 Augusto Pinochet era detenido en Londres por los graves crímenes cometidos en Chile entre 1973 y 1990. Diez años después, su detención se ha convertido en un hito en la lucha internacional contra la impunidad. Coincidiendo con esta fecha, Amnistía Internacional ha instado a todos los países del mundo a asegurarse de que no se convierten en refugio seguro para quienes violan flagrantemente los derechos humanos.
La detención de Pinochet marcó una nueva era para los derechos humanos. Por un lado, en Chile, llevó la esperanza de justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar y a sus familias. Y por otro, en todo el mundo, ha inspirado una serie de causas judiciales contra violaciones de los derechos humanos durante la última década .
Varios presuntos responsables de violaciones de derechos humanos han sido o están siendo investigados o procesados sobre la base de la jurisdicción universal en países como Alemania, Bélgica, Canadá, España, Reino Unido, Senegal o Suecia, entre otros.
Antes del proceso judicial contra Pinochet, los responsables de abusos contra los derechos humanos se sentían a salvo bajo la protección de leyes de amnistía, disposiciones de prescripción o concesiones de inmunidad. Diez años después, delitos como la tortura, la desaparición forzada o las ejecuciones extrajudiciales ya no se consideran un problema político que debe ser resuelto por los diplomáticos.
Si bien se trata de un gran paso adelante, queda mucho camino por recorrer para acabar con la impunidad. La Corte Penal Internacional y otros tribunales internacionales sólo pueden hacer rendir cuentas de sus actos a algunos de los responsables de violaciones de los derechos humanos.
Pena de Muerte en Arabia Saudí
Hablamos ahora sobre pena de muerte. Si bien el pasado 10 de octubre, Día Mundial Contra la Pena de Muerte, celebrábamos la tendencia mundial abolicionista, la realidad es muy distinta en algunos países.
Según un informe de Amnistía Internacional, titulado Arabia Saudí, Muerte por Discriminación, el gobierno saudí continúa ejecutando a más de dos personas a la semana por término medio. Casi la mitad de ellas son extranjeros procedentes de países pobres o en desarrollo.
Además, la pena de muerte se aplica de forma desproporcionada y discriminatoria, por motivos de nacionalidad o etnia, a trabajadores extranjeros sin recursos económicos y a ciudadanos saudíes que no tienen apoyo familiar u otros contactos que permitan evitar su ejecución.
Es hora de que el gobierno saudí asuma sus responsabilidades en este asunto y respete sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Por ello, Amnistía Internacional ha instado a las autoridades saudíes a prohibir la pena de muerte a menores, garantizar juicios con garantías, resolver la discriminación endémica y recortar las facultades discrecionales de los jueces para utilizar este castigo cruel, inhumano y degradante.
Libertad para un preso de conciencia en Libia
Esta semana nos despedimos con buenas noticias, ya que el pasado 8 de octubre las autoridades libias pusieron en libertad al preso de conciencia Idriss Boufayed.
Idriss fue detenido el 16 de febrero de 2007 por intentar organizar una manifestación pacífica contra el gobierno de Libia. Permaneció recluido en régimen de incomunicación hasta el 24 de junio de ese año, cuando compareció ante un tribunal y fue acusado formalmente de “intentar derrocar el sistema político” y de comunicarse “con potencias enemigas”. El pasado 10 de junio, fue condenado a 25 años de prisión.
Ha quedado en libertad por razones humanitarias a raíz de que se le diagnosticara cáncer de pulmón en mayo de 2008. Se temía que no estuviera recibiendo la debida atención médica y necesitase viajar al extranjero para someterse a un tratamiento no disponible en Libia.
Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción su liberación, pero ha hecho hincapié en que ésta debe ser incondicional y en que se le debe permitir viajar al extranjero para recibir tratamiento médico si así lo desea.