Estas son las noticias más destacadas de la semana: Los talibanes avanzan sin tregua en la destrucción de todo lo conseguido en materia de derechos humanos en los últimos veinte años en Afganistán. Hablaremos también de las deficientes investigaciones de feminicidios en el Estado de México. Además, en Rusia los derechos humanos deben ser una prioridad para los nuevos parlamentarios y parlamentarias elegidos a la cámara baja del Parlamento estatal. Y terminaremos hablando de la pandemia porque un nuevo informe apunta cómo las principales empresas farmacéuticas que desarrollan las vacunas contra la COVID-19 avivan una crisis sin precedente de derechos humanos.
AstraZeneca, BioNTech, Johnson &Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer se han negado a participar en las iniciativas concebidas para impulsar el suministro global de vacunas. Además, se han negado a compartir la tecnología de las vacunas y casi ninguna da prioridad a las entregas dirigidas a los países pobres.
BioNTech, Moderna y Pfizer han previsto ganar 130.000 millones de dólares estadounidenses para finales de 2022. Sin embargo, menos del 10% de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos está totalmente vacunada, frente al 55% de la de los países ricos. Ante la cumbre global sobre la COVID-19 organizada por el presidente Biden, Amnistía Internacional ha pedido que se entreguen 2.000 millones de vacunas a los países de ingresos bajos y medianos bajos antes de que termine el año.
