Esta semana, Amnistía Internacional denuncia la intensificación de la ofensiva militar israelí sobre la ciudad de Gaza, que ha provocado un nuevo desplazamiento masivo de civiles palestinos. En el (…)
Esta semana destacamos las siguientes noticias: En Polonia l as autoridades deben proteger las protestas pacíficas en contra de las restricciones al aborto . En Líbano se debe proteger los derechos de las trabajadoras migrantes domésticas. Además, denunciaremos el uso de bombas de racimo en Armenia. Por último, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto que Bélgica infringió el derecho internacional en 2017 cuando deportó a un sudanés .
Sommaire
- Las autoridades de Polonia deben proteger las protestas pacíficas en contra de las (…), p2
- Golpe a los derechos de las trabajadoras migrantes domésticas en Líbano, p3
- El primer uso confirmado de bombas de racimo por Armenia es “cruel y temerario”, p4
- La deportación a Sudán por parte de Bélgica fue ilegal, p5
Golpe a los derechos de las trabajadoras migrantes domésticas en Líbano
Amnistía Internacional, informativo semanal a 6 de noviembre de 2020 - Golpe a los derechos de las trabajadoras migrantes domésticas en Líbano
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
La Asamblea Consultiva ha suspendido la aplicación del contrato unificado estándar. Un contrato, aprobado en el mes de septiembre, que incluía nuevas medidas de protección de las trabajadoras y trabajadores migrantes domésticos . E ntre ellas , salvaguardias esenciales contra el trabajo forzoso, y constituía un primer e importante avance en la abolición del abusivo sistema de patrocinio conocido como kafala .
Se calcula que hay 250.000 personas migrantes empleadas en el servicio doméstico en Líbano. La mayoría son mujeres de países africanos y del sur y el sudeste asiáticos, especialmente de Etiopía, Filipinas, Bangladesh y Sri Lanka. No se les aplican las medidas de protección que garantiza la legislación laboral libanesa, y su situación legal en el país está regulada por el sistema de kafala , restrictivo régimen migratorio de leyes, reglamentos y prácticas consuetudinarias que vincula la residencia legal de la trabajadora o trabajador migrantes a su entidad empleadora.