Esta semana hablaremos de salud materno infantil en Perú, haremos hincapié en que no se pueden poner trabas al ejercicio de la jurisdicción universal en España, y acabaremos contándoos la dramática situación de los desplazados internos en Colombia .

16 de julio de 2009
| Producción: URCM

Salud materno infantil en Perú

Rosa Quichca Vargas es peruana, tiene 24 años y está embarazada de su quinto hijo. Dos de los anteriores murieron, uno durante el parto y otro a los pocos días de nacer, probablemente de neumonía. Vive a casi una hora a pie del puesto de salud de Ccarhuacc, por una carretera intransitable para cualquier vehículo que no sea una moto.

La madre de José Meneses Salazar tuvo aún menos suerte. Murió después de dar a luz en 1999 porque cuando se puso de parto, la comadrona del puesto de salud de San Juan de Ccarhuacc estaba de permiso, y los familiares tuvieron que atender solos el parto. Tras dar a luz, la madre no expulsó la placenta y dos horas después, murió.

Cientos de mujeres pobres, campesinas e indígenas, están muriendo en Perú debido a que en la práctica no reciben los mismos servicios de salud que el resto de las mujeres del país. Amnistía Internacional ha presentado esta semana el informe “Deficiencias fatales. Las barreras a la salud materna en Perú”, en el que examina los altos índices de mortalidad materna entre las mujeres pobres e indígenas del medio rural peruano y evalúa el impacto de las últimas políticas del gobierno para hacer frente al problema.

La organización ha pedido a las autoridades peruanas que asignen recursos a la mortalidad materna y a la asistencia de la salud reproductiva dando prioridad a las regiones que presenten mayores índices de mortalidad para que todas las mujeres tengan garantizada la igualdad de acceso a la asistencia obstétrica de emergencia en caso de complicaciones durante el parto. También ha recomendado aumentar la formación de profesionales de la salud y que exista un servicio de apoyo lingüístico a las mujeres indígenas en todos los centros de salud.

Jurisdicción universal en España

Viajamos ahora hasta España, donde cincuenta organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, ONG y asociaciones profesionales, entre las que figura Amnistía Internacional, han presentado esta semana la Campaña “Contra la impunidad y por la justicia social”.

El día 19 de mayo del 2009, el Congreso de los diputados acordó, con el apoyo de los grupos mayoritarios, modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, que consagra el principio de jurisdicción universal, desvirtuando totalmente su contenido y alcance. Esta trascendental decisión se tomó de tapadillo y sin acceso al necesario debate informado. Con esta modificación España entraría en la lista de los países más restrictivos para el ejercicio de la jurisdicción universal.

Según la normativa internacional, hay determinados crímenes que son tan perjudiciales y atroces para la comunidad internacional que los Estados, España entre ellos, están autorizados, e incluso obligados en virtud de los Tratados Internacionales de derechos humanos que han firmado, a investigar y juzgar a los presuntos perpetradores, con independencia del lugar donde se haya cometido el crimen o la nacionalidad del autor o de la víctima, o aún cuando el crimen no haya afectado en absoluto los intereses del Estado.

La jurisdicción universal representa el último recurso para las víctimas de crímenes atroces que buscan obtener verdad, justicia y reparación. La impunidad ante estos crímenes no sólo denigra a quienes los cometen, sino que corroe las instituciones de las sociedades que los cobijan, constituyendo elementos que desestabilizan las democracias.

Por todo esto, las organizaciones que conforman y lanzan la Campaña “Contra la impunidad y por la justicia social” deploramos que en vez de consolidar un horizonte de justicia para las graves violaciones de los Derechos Humanos, los parlamentarios trabajen por ampliar los resquicios de la impunidad.

Amnistía Internacional ha instado al Parlamento español a que vele por la conformidad de las leyes nacionales con el derecho internacional y a que se avance en la aplicación del principio de jurisdicción universal. Es, por tanto, imprescindible que se detenga esta reforma que niega el legítimo derecho de las víctimas a acceder a mecanismos efectivos de procesamiento y reparación por las graves violaciones de derechos humanos que han sufrido.

Dramática situación de los desplazados internos en Colombia

Y acabamos esta semana en Colombia. Amnistía Internacional presenta hoy en todo el mundo un informe en el que denuncia el notable aumento, una vez más, del número de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido al conflicto armado, y ha instado a las partes enfrentadas a que dejen de involucrar a civiles en las hostilidades.

Sólo en 2008, hasta 380.000 personas tuvieron que huir de sus hogares, lo que supuso un aumento de más del 24 por ciento con respecto a 2007. Hoy, en Colombia hay entre tres y cuatro millones de personas desplazadas internamente, el equivalente a la población entera de Uruguay. Y se estima que al menos otras 500.000 personas más han huido a países vecinos.

La mayoría de las personas desplazadas huyen de la violencia derivada de los 40 años de conflicto armado interno: muchas han sido sometidas deliberadamente a hostigamiento por la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas de seguridad en el marco de estrategias que tienen por objeto expulsar a comunidades enteras de zonas de importancia militar, estratégica o económica. La gran mayoría de las personas afectadas son miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que en muchos casos viven en zonas en las que las partes en el conflicto están interesadas.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades colombianas a que tomen medidas efectivas para impedir el desplazamiento forzado, mejorar la protección de la población civil e identificar y devolver a sus legítimos propietarios o a sus familias todas las tierras y demás bienes robados. Asimismo, la organización pide a todas las partes en el conflicto que respeten el derecho de la población civil a no verse involucrada en el conflicto.

En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un (...)
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