Esta semana hablamos de Cuba y del 6º aniversario de la detención de 57 presos de conciencia, destacaremos el riesgo de que la crisis económica sirva para recortar los derechos de los inmigrantes en España, y finalizaremos pidiendo al Gobierno de Irak que paralice la ejecución inmediata de 128 personas.

19 de marzo de 2009
| Producción: URCM
| Duración: 00:06:15

Cuba: 6 años de reclusión para 57 presos de conciencia

Comenzamos con Cuba, donde Amnistía Internacional pide al gobierno la libertad inmediata de los 57 presos de conciencia que llevan recluidos más de seis años y el respeto del derecho a la libertad de expresión y asociación. La petición se efectúa con motivo del sexto aniversario de la campaña represiva llevada a cabo en marzo de 2003 contra los activistas políticos y de derechos humanos del país por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.

A Amnistía Internacional también le preocupa el hostigamiento que han sufrido los activistas de derechos humanos, especialmente los que han participado en los preparativos de la manifestación conmemorativa que tuvo lugar ayer en la isla.

De los 57 presos de conciencia que hay actualmente en Cuba, 54 son los que quedan de un grupo de 75 que fueron encarcelados durante una campaña represiva masiva contra la disidencia en marzo de 2003. La mayoría fueron acusados de “actos contra la independencia del Estado”, por presuntamente recibir fondos o material de ONG radicadas en Estados Unidos y financiadas por el gobierno estadounidense. Se les y condenó a entre 6 y 28 años de cárcel tras juicios rápidos sin garantías por realizar actividades que las autoridades consideraban subversivas y dañinas para Cuba, como publicar artículos o conceder entrevistas a medios de comunicación con financiación estadounidense, comunicarse con organizaciones internacionales de derechos humanos y tener contacto con entidades o particulares considerados hostiles a Cuba. Hasta ahora han quedado en libertad 21 personas, en algunas ocasiones, en libertad condicional por razones médicas.

España: reformas de Leyes de Asilo, Extranjería y el Código Penal

Nos detenemos en España, donde ante las próximas reformas de las Leyes de Asilo, Extranjería y el Código Penal, Amnistía Internacional recuerda al Gobierno su obligación de garantizar los derechos de las personas inmigrantes o necesitadas de protección internacional.

En los últimos meses, la crisis económica mundial se ha convertido en un tema de actualidad con gran calado en la opinión pública. En este contexto, la especial sensibilidad de la población hacia los problemas económicos puede contribuir a crear un ambiente que justifique la adopción de más medidas de control migratorio que supongan una amenaza para los derechos humanos de las personas migrantes. Para Amnistía Internacional, el Gobierno tiene la obligación de contrarrestar ese fenómeno. Sin embargo, aunque ha anunciado la elaboración de una Estrategia Nacional e Integral de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, ni siquiera ha adoptado todavía medidas efectivas para documentar los incidentes de índole racista a manos de particulares o agentes del Estado, ni ofrece datos periódicos sobre estos fenómenos.

En los próximos meses se van a discutir en España tres importantes reformas legislativas (Ley de Asilo, Ley de Extranjería y Código Penal), que pueden implicar recortes para los derechos de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Para Amnistía Internacional en dichas reformas legislativas, el Gobierno no debe dar un paso atrás en las garantías de protección reconocidas hasta ahora. En ningún caso se pueden rebajar los derechos de las personas migrantes ni de quienes defienden sus derechos.

En relación con este tema, Amnistía Internacional ha lanzado una ciberacción en www.actuaconamnistia.org en la que invita a toda la ciudadanía a dirigirse al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para expresar estas preocupaciones.

Inminente ejecución de 128 condenados a muerte en Irak

Y terminamos en Irak, donde Amnistía Internacional ha pedido la intervención inmediata del ministro de Justicia para detener la ejecución de 128 condenados a muerte a quienes, según informes, las autoridades piensan empezar a ejecutar en tandas de hasta 20 personas en los próximos días.

Las autoridades iraquíes no han revelado la identidad de las personas que van a ser ejecutadas, lo que aumenta el temor de que muchas de ellas hayan sido condenadas a muerte tras procedimientos que no han respetado las normas internacionales sobre juicios justos.

Por ello, Amnistía Internacional pide a las autoridades iraquíes que hagan pública toda la información relativa a las 129 personas que van a ser ejecutadas, incluidos su nombres completos, los cargos que se presentaron contra ellas, las fechas de sus detenciones y de sus juicios y apelaciones, y los lugares donde se encuentran actualmente recluidas.

El uso de la pena de muerte ha ido aumentando a un ritmo alarmante desde que el gobierno la reintrodujo en agosto de 2004. Desde entonces se ha ejecutado a decenas de personas y se ha condenado a muerte a centenares. Sólo el año pasado fueron condenadas a muerte al menos 285 personas y fueron ejecutadas al menos 34. Sin embargo, las cifras reales podrían ser mucho más altas, pues no hay datos oficiales sobre el número de presos en espera de su ejecución.

En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un (...)
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